DEBATE SOBRE LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES EN HUESCA Y PROPUESTAS PARA MEJORAR SU EFICIENCIA

DEBATE REALIZADO POR LOS SOCIOS DEL CLUB DE OPINION LUCAS MALLADA EL 13/4/2016

Aunque parece que los datos macroeconómicos indican que la crisis iniciada en 2007 está remitiendo en su intensidad, la realidad nos obliga a reconocer que todavía hay determinados colectivos, tanto de ciudadanos españoles como de inmigrantes, que no han podido salir de la precariedad y a los que es necesario seguir prestando nuestra ayuda canalizada a través de los Servicios Sociales de la Administración y también de organizaciones privadas.

Incluimos en los Servicios Sociales de la Administración, tanto la del Estado, como la Autonómica y Municipal, cada una con sus respectivas competencias.

Tenemos la convicción de que aunque los recursos públicos casi siempre son escasos, si su eficiencia fuera mayor, con los mismos, se llegaría a ayudar con más suficiencia a los verdaderamente necesitados.

Sobre este planteamiento fue el debate de los miembros del Club y con el ánimo de concretar unas medidas de fácil implantación que de verdad supongan una mejora a la situación actual.

Pensamos que en el entorno en que vivimos, una sociedad justa, debería, a través de los impuestos, igual que se atienden los demás gastos del estado, hacer frente a estos desequilibrios y cubrirlos en su totalidad.

El modelo que consideramos idóneo y que puede tener éxito es la responsabilidad pública y la gestión privada.  La responsabilidad pública debe implicar por tanto las siguientes funciones:

  • Priorizar las necesidades a cubrir y hacer la asignación de los fondos necesarios.
  • Concretar a cada organización privada qué servicios va a prestar, cómo lo debe hacer y por tanto coordinar para evitar duplicidades.
  • Implantar métodos de control de los recursos y exigir justificación de su correcta utilización para evitar abusos y poder llegar a más necesitados.
  • Hacer el reparto de los fondos con criterios objetivos, basados en el cumplimiento de las normas, en la ejecución de los proyectos, en la innovación y adaptación a la situación actual, etc. y no en afinidades ideológicas, relaciones de amistad, históricos, etc.

Dentro de la gestión privada, se valora muy positivamente el modelo en el que entidades sin ánimo de lucro se ocupan de las labores asistenciales.  Esto es tanto por la eficiencia económica que supone para el Estado delegar un servicio cuyo coste no incorpora un margen comercial, como por la especial motivación e implicación que demuestran las personas que trabajan en eses entidades.

De la misma forma, y respetando las normas de libre concurrencia y la transparencia necesaria en la adjudicación de contratos públicos, los procedimientos de adjudicación que contemplan únicamente la baja sobre el coste de un servicio, pueden ser, en el largo plazo, muy contraproducentes en términos de calidad de la asistencia y en términos de posición de dominio por parte de determinadas corporaciones privadas.

Todas estas funciones, lógicamente serán de aplicación con las entidades que presten servicios sociales y que a su vez reciban fondos públicos, estando al margen de estas medidas las que administren fondos íntegramente privados.  De todos modos también sería deseable una coordinación entre las colaboradoras de la administración y las totalmente privadas.

Del mismo modo que creemos que el estado ha de atender las necesidades de los desfavorecidos, consideramos que hay que buscar fórmulas de compensación por las ayudas recibidas, que deben ser proporcionales y razonables.  Se corre el riesgo de no valorar lo que nada cuesta.

Las compensaciones podrían venir de varias formas:  realización de trabajos en función de la capacitación de los beneficiarios, participación en actividades formativas, integración de nuestras costumbres, etc.

La creación de una entidad coordinadora entre todas las administraciones que tienen competencia en servicios sociales  y todas la entidades que prestan estos servicios, tanto las que reciben fondos públicos como las totalmente privadas, estamos convencidos de que sería una fórmula de éxito, como se ha demostrado en el caso de la discapacidad, con el ejemplo de CADIS, que es un referente de funcionamiento a nivel nacional.

Las propuestas que hacemos son de inmediata aplicación, con resultados de eficiencia instantáneos, prácticamente sin ningún coste económico de puesta en marcha y se pueden probar en nuestro entorno próximo sin necesidad de esperar reglamentaciones, disposiciones legales, etc, pudiendo ser aquí pioneros en su implantación y ejemplo para que en otros sitios sigan el modelo.